Por Juan Carlos Monroy G. | Publicado el 11 de febrero de 2012
Como un desafío pacífico a los grupos armados ilegales y a quienes se apoderaron de tierras de campesinos, se realiza la marcha de hoy en Necoclí, en la que el Gobierno ratificará su promesa de restituir dos millones de hectáreas a los desplazados de la violencia.
Urabá, es una de las regiones más afectadas por el despojo de tierras por parte de grupos paramilitares y algunos particulares, que se apropiaron de unas 100.000 hectáreas, cuando miles de familias abandonaron sus predios desde mediados de los años noventa ante la arremetida de la violencia.
Esta violencia revivió con motivo de los reclamos de la restitución. Once líderes de desplazados han sido asesinados en los últimos 3 años en esa región, por su lucha por recuperar los predios que les arrebataron bajo presión con homicidios, ventas forzadas, falsificación de títulos o con la amenaza más recordada en Urabá: "o vende la finca o se la compramos a la viuda".
A pesar de las objeciones de los últimas semanas que califican la marcha promovida bajo el nombre "Por la tierra, la vida y la paz", como un acto populista del Gobierno y un riesgo para los desplazados, el Gobierno mantuvo su pleno respaldo al evento.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos , insistió ayer en Medellín en que la movilización es un espaldarazo a las víctimas y una advertencia a los sectores violentos que se oponen a la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.
"A todos esos que se han hecho a la tierra en forma ilegal el mensaje es: no vamos a permitir que le pongan palos a la rueda de este proceso", dijo el Jefe de Estado.
Envió al mismo tiempo un mensaje conciliador al afirmar que el sector empresarial no debe temer: "no es una lucha de ricos contra pobres, esto no es una confrontación entre campesinos y terratenientes, esto no es una lucha de clases; esto es una cruzada de lo legal contra lo ilegal".
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, la más representativa del grupo organizador de la marcha, dice que "un sector de los empresarios del Urabá antioqueño y chocoano se alió con grupos paramilitares para quedarse con miles de hectáreas de tierras que hoy están en manos de terratenientes y testaferros de exjefes paramilitares como Raúl Emilio Hazbún , alias 'Pedro Bonito'".
El directivo de otra de las ONG que apoyan la marcha sostiene que son cerca de 2.800 familias las que están reclamando sus tierras en Urabá, "muchas de ellas amenazadas o atemorizadas por los asesinatos de los 11 líderes de desplazados".
Intereses encontrados
Los reparos que antecedieron la marcha provienen de gremios como Augura, el principal de los bananeros establecidos en la zona. En carta enviada al presidente Santos, advirtieron que la marcha puede exponer a los desplazados a situación de riesgo ante grupos ilegales como la banda "los Urabeños".
Abundan también cuestionamientos contra algunos promotores de la marcha como Gerardo Vegay Carmen Palencia, cuya presencia exacerba los ánimos y las posiciones pues mucha gente no olvida su pasado en la zona. Hasta finales de los años 80, como guerrillero del Epl, Vega fue uno de los líderes del proyecto de recuperación de tierras de este grupo guerrillero en Urabá. Miles de predios de ganaderos y bananeros fueron invadidos por campesinos alentados por el Epl. Algunos de esos propietarios reclaman en los estrados judiciales tierras que fueron entregadas como tierras restituidas a desplazados.
Por su parte, Palencia es cuestionada por campesinos de Turbo que sostienen que fueron engañados y mostrados como desplazados ante las autoridades para reclamar tierras que ya tenían dueño.
Ambos niegan las acusaciones y las atribuyen a una campaña de desprestigio por sus opositores.
En ese clima de malos recuerdos, confrontación y tensiones se realiza la marcha, que por ello será otra prueba crítica del respaldo y la solidez de las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras y de su futuro en la región y en el país n.
Urabá, es una de las regiones más afectadas por el despojo de tierras por parte de grupos paramilitares y algunos particulares, que se apropiaron de unas 100.000 hectáreas, cuando miles de familias abandonaron sus predios desde mediados de los años noventa ante la arremetida de la violencia.
Esta violencia revivió con motivo de los reclamos de la restitución. Once líderes de desplazados han sido asesinados en los últimos 3 años en esa región, por su lucha por recuperar los predios que les arrebataron bajo presión con homicidios, ventas forzadas, falsificación de títulos o con la amenaza más recordada en Urabá: "o vende la finca o se la compramos a la viuda".
A pesar de las objeciones de los últimas semanas que califican la marcha promovida bajo el nombre "Por la tierra, la vida y la paz", como un acto populista del Gobierno y un riesgo para los desplazados, el Gobierno mantuvo su pleno respaldo al evento.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos , insistió ayer en Medellín en que la movilización es un espaldarazo a las víctimas y una advertencia a los sectores violentos que se oponen a la Ley de Víctimas y Restitución de tierras.
"A todos esos que se han hecho a la tierra en forma ilegal el mensaje es: no vamos a permitir que le pongan palos a la rueda de este proceso", dijo el Jefe de Estado.
Envió al mismo tiempo un mensaje conciliador al afirmar que el sector empresarial no debe temer: "no es una lucha de ricos contra pobres, esto no es una confrontación entre campesinos y terratenientes, esto no es una lucha de clases; esto es una cruzada de lo legal contra lo ilegal".
Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, la más representativa del grupo organizador de la marcha, dice que "un sector de los empresarios del Urabá antioqueño y chocoano se alió con grupos paramilitares para quedarse con miles de hectáreas de tierras que hoy están en manos de terratenientes y testaferros de exjefes paramilitares como Raúl Emilio Hazbún , alias 'Pedro Bonito'".
El directivo de otra de las ONG que apoyan la marcha sostiene que son cerca de 2.800 familias las que están reclamando sus tierras en Urabá, "muchas de ellas amenazadas o atemorizadas por los asesinatos de los 11 líderes de desplazados".
Intereses encontrados
Los reparos que antecedieron la marcha provienen de gremios como Augura, el principal de los bananeros establecidos en la zona. En carta enviada al presidente Santos, advirtieron que la marcha puede exponer a los desplazados a situación de riesgo ante grupos ilegales como la banda "los Urabeños".
Abundan también cuestionamientos contra algunos promotores de la marcha como Gerardo Vegay Carmen Palencia, cuya presencia exacerba los ánimos y las posiciones pues mucha gente no olvida su pasado en la zona. Hasta finales de los años 80, como guerrillero del Epl, Vega fue uno de los líderes del proyecto de recuperación de tierras de este grupo guerrillero en Urabá. Miles de predios de ganaderos y bananeros fueron invadidos por campesinos alentados por el Epl. Algunos de esos propietarios reclaman en los estrados judiciales tierras que fueron entregadas como tierras restituidas a desplazados.
Por su parte, Palencia es cuestionada por campesinos de Turbo que sostienen que fueron engañados y mostrados como desplazados ante las autoridades para reclamar tierras que ya tenían dueño.
Ambos niegan las acusaciones y las atribuyen a una campaña de desprestigio por sus opositores.
En ese clima de malos recuerdos, confrontación y tensiones se realiza la marcha, que por ello será otra prueba crítica del respaldo y la solidez de las leyes de Víctimas y de Restitución de Tierras y de su futuro en la región y en el país n.
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